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Contraloría expidió certificación para reajustar remuneración de los congresistas (2007/5/23)
En cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Política y de la Ley 644 de 2001, el Contralor General de República, Julio César Turbay Quintero, certificó en 5.0 por ciento el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional durante el año 2007. La certificación fue remitida al gobierno nacional para que este determine el reajuste de la asignación de los miembros del Congreso de la República, para la vigencia fiscal de 2007.
La remuneración de los congresistas se reajusta cada año en proporción igual al porcentaje promedio que la Contraloría General de la República calcula para los servidores de la administración central. Otros funcionarios de alto rango derivan su asignación de la fijada a los honorables congresistas, es el caso de los Magistrados del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia; el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil.
Todos los funcionarios mencionados deben tener una asignación mensual idéntica a la que perciben los honorables congresistas. La Contraloría General de la República certificó el promedio ponderado anual de los cambios ocurridos en la remuneración de los Servidores de la Administración Central Nacional mediante la Resolución No. 0010 del 15 de mayo de 2007, que lleva la firma del Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero.
Para calcular este porcentaje se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 38 de La Ley 489 de 1998, que define las entidades que conforman la Administración Central Nacional. El incremento de los servidores públicos activos que hacen parte de estas entidades, se determinó en los Decretos 600, 604 y 605 del 2 de marzo de 2007, y el Decreto 1515 del 5 de mayo de 2007, expedidos por el Gobierno Nacional.
Audiencia pública de rendición de cuentas de las autoridades del departamento del Chocó (2007/5/18)
El manejo y ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones que transfiere la Nación al departamento del Chocó presenta tal cantidad de anomalías, que la descripción de los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República ilustra un panorama verdaderamente desolador. De acuerdo al informe presentado hoy en Quibdó por el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, los daños patrimoniales son cuantiosos.
La Contraloría General de la República tramita siete procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones. La mayoría se relaciona con la construcción de hospitales y centros de salud. El valor total de los procesos es de $1.236 millones.
En uno de los procesos ya hubo un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $596 millones. En otro se profirió imputación por $143 millones; se están practicando las pruebas solicitadas por las personas implicadas y agotada esta etapa probatoria, se procederá a emitir el fallo definitivo. En educación, la Contraloría General de la República está culminando dos indagaciones preliminares importantes. Una de ellas por no encontrarse incorporado a los presupuestos correspondientes un total de $15.457,5 millones en las vigencias de 2002 a 2006, fondos que tampoco aparecen disponibles en bancos; y por el pago de $336,9 millones a docentes que se encontraban incapacitados, siendo una obligación de la EPS respectiva.
En la otra indagación, se verificó un daño patrimonial por $13.167 millones por mayores valores reconocidos y pagados, mediante procesos judiciales, con respecto a las obligaciones iniciales de los demandantes; y pagos irregulares efectuados a docentes en el departamento.
También se iniciará otra indagación preliminar por desembolsos hechos por el Tesorero del departamento, sin soporte legal, por $540 millones. En otro hecho, a pesar de haber recibido los recursos correspondientes, la Tesorería tiene deudas vigentes con el Fondo Nacional de Ahorro por $1.294 millones por concepto de cesantías del personal administrativo; con parafiscales por $5.107 millones y por concepto de aportes a Salud y Pensiones por $4.045 millones. Irregularidades en el manejo del régimen subsidiado de salud La Contraloría General detectó múltiples irregularidades en el manejo del régimen subsidiado de salud en el municipio de Quibdó, en las vigencias 2004, 2005 y 2006. Uno de los hallazgos es que algunos Concejales se encuentran afiliados a este régimen, lo cual para el Contralor Turbay Quintero es muy preocupante desde el punto de vista social y de la moralidad pública.
En relación con el mismo régimen subsidiado en el municipio de Lloró, vigencias 2004 y 2005, se encontraron giros a favor del Tesorero y del Alcalde por $1.368,2 millones. Actualmente la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el departamento del Chocó adelanta una indagación preliminar relacionada con la falta de entrega de $2.441 carnés a los beneficiarios. A pesar de ello, la ARS Selvasalud recibió el pago del aseguramiento por $870 millones, sin que los beneficiarios hayan podido acceder a los servicios correspondientes. En la auditoría a los recursos para la salud en el municipio de Lloró se trasladó un hallazgo penal a la Fiscalía General de la Nación. En este caso, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento tanto al Alcalde como al Tesorero y se suspendió al Alcalde. De otro lado, en visita practicada al ICBF, se estableció también que en los municipios de Lloró y Carmen del Darién se vendía la Bienestarina, en cambio de ser entregada a los niños en forma gratuita.
Hay que cerrarle la puerta a los corruptos: Contralor propone intervenir manejo de transferencias en regiones con problemas crónicos de corrupción El Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, propuso quitarle temporalmente a las autoridades locales el manejo de los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones cuando persistan procesos crónicos de corrupción e ineficiencia.
Contraloría reglamentó control fiscal a los gastos reservados (2007/5/3)
En desarrollo de la Ley 1097 de 2006, la Contraloría General de la República reglamentó el Control Fiscal a los denominados Gastos Reservados, aquellos que financian actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.
El ente de control expidió una Resolución Orgánica por la cual se desarrolla el artículo 4 de la citada ley, anunció el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, luego de suscribir un acta de compromiso para el fortalecimiento del sistema de control interno en el sector defensa, con el ministro del ramo, Juan Manuel Santos, y el director de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano. En virtud de este acuerdo, la Contraloría y la Función Pública desarrollarán el proceso de sensibilización y capacitación para la adopción del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional.
(Tomado de: http://www.contraloriagen.gov.co/html/contralor/contralor_articulos.asp)
Por: Juan Pablo Pérez.
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